lunes, 23 de mayo de 2011

Firma la denuncia en contra de Felipe Calderón (et al.) ante la Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas  debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010,  son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i  y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.

Atentamente,

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miércoles, 18 de mayo de 2011

Dialogar con quién.

Por Pedro Miguel.

El colapso del gobierno ocurre en todos los terrenos, pero su expresión más acuciante es la pérdida de certezas jurídicas de base por parte de la población. La lógica económica del triunfo del más fuerte tiene su correlato, en la seguridad pública, en el triunfo del calibre más alto. Ahí tienen a un puñado de habitantes de comunidades rurales entre San Luis Potosí y Zacatecas, obligados por las circunstancias a enfrentarse a tiros –en condiciones de total desventaja, y con saldos contraproducentes y más que dolorosos– a los Zetas. El hueco que deja el poder público al abandonar su tarea de garantizar la integridad física y patrimonial de la gente debe ser ocupado, y con urgencia, por una construcción de vínculos sociales que permita incidir en las decisiones políticas y forzar a las instancias gubernamentales de todos los niveles a que adopten rumbos menos destructivos que los impuestos al país desde hace décadas. Para ello, el diálogo social es, ciertamente, indispensable, y en ese sentido, puede ser crucial la reunión convocada el 10 de junio en Ciudad Juárez por Javier Sicilia.

Otra cosa es el diálogo o la negociación con el calderonato.

Hay numerosas razones para afirmar que la actual administración infringe, en forma regular y sistemática, el marco legal, incumple con sus obligaciones constitucionales y propicia, con ello, graves y masivas violaciones a los derechos humanos y sociales y a las garantías individuales.

Más allá de las omisiones o infracciones gubernamentales en esas materias, muchos indicios permiten sospechar que la estrategia de seguridad en curso es una fachada sangrienta para ocultar la connivencia del equipo gubernamental con la delincuencia organizada. Ejemplos: el encubrimiento del Cártel del Pacífico en detrimento de sus competidores; los numerosos delincuentes que han trabajado como altos mandos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República; la renuencia oficial a investigar el lavado de dinero masivo; los narcotraficantes en las nóminas de Aserca y de Procampo; la tolerancia y la impunidad otorgadas a Mario Marín, Ulises Ruiz y otros de esa especie; el trasiego, pese a todo, de centenares de toneladas de cocaína por las fronteras sur y norte; el incremento de los secuestros en lo que va de esta administración; la connivencia de numerosos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) con los grupos armados que extorsionan, esclavizan y exterminan a migrantes indocumentados. Y sí: las presumibles complicidades con la criminalidad organizada no se limitan a las autoridades federales, sino que incluyen a las estatales y a las municipales de diversos sitios.

Pero falta lo más grave: hay elementos de juicio para suponer que la adopción de la estrategia actual y la firma de la Iniciativa Mérida fueron la formalización de un proyecto de desestabilización originado en Estados Unidos para llevar a México a circunstancias que justificaran –a ojos del mundo, y hasta de algunos mexicanos– la intervención directa de Washington en la seguridad pública y nacional de nuestro país, algo que, de acuerdo con los documentos de WikiLeaks difundidos por La Jornada, ya ocurre. Diversos funcionarios estadunidenses se han referido a la pertinencia de aplicar en México estrategias de guerra formuladas para Irak (se lo dijo Dennis Blair al general Guillermo Galván Galván el 19 de octubre de 2009, http://bit.ly/mcb6uK, y lo repitió el almirante Michael Mullen en enero de 2011. Si las palabras no bastaran, están los hechos, y entre éstos, la complicidad de diversas dependencias de Washington en el contrabando de armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos y su inexplicable tolerancia a los narcos que operan en territorio estadounidense.

Los movimientos sociales que aspiran a detener el baño de sangre en curso harían bien, pues, en aplicar la consigna, propagada con extrema hipocresía desde el propio régimen, de “no negociar con la delincuencia”. No hay que hacerlo, en efecto, ni siquiera con la que pretende compararse con Churchill.

Sin abandonar las manifestaciones y las protestas pacíficas y legales –como las dos movilizaciones nacionales recientes, encabezadas por Javier Sicilia– ni los encuentros de la sociedad consigo misma, es preciso también avanzar en otros caminos, igualmente legales y pacíficos, para cortar el nudo gordiano de la impunidad y promover procesos judiciales contra los principales responsables –por acción, por omisión o por ambas– de los crímenes de lesa humanidad que ocurren en México: Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad, y los cabecillas de las organizaciones criminales que ejercen su control sangriento en extensas regiones del país. Consulten las razones y los fundamentos de esta iniciativa y, si les parece pertinente, fírmenla.

sábado, 14 de mayo de 2011

Juicio Internacional a Calderón.

Por Netzaí Sandoval Ballesteros.

Los más de 40 mil seres humanos que han muerto en los últimos cuatro años nos colocan frente a una crisis humanitaria sin paragón. Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ni la emprendida en contra de Pakistán han generado tal cantidad de muertos (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg, Alemania). La violencia en México también ha dejado más desplazados que cualquier otro conflicto armado reciente, alrededor de 120 mil personas de acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Center. La vulnerabilidad de los más jóvenes es particularmente grave: mil 226 de las muertes ocurridas entre 2006 y 2010 corresponden a niños y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). En estrictos términos legales y de acuerdo con los criterios internacionales en la materia, esta situación se clasifica como un conflicto armado de índole no internacional.
El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.

Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.

Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.

Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.

Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.

Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.

Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.

Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.

martes, 10 de mayo de 2011

Régimen tocado.

Por Pedro Miguel


El calderonato ya no tiene para dónde hacerse. El clamor ciudadano, inocultable, ha recono-cido la raíz de la violencia en las acciones gubernamentales, y el régimen no pudo distorsionar (ni con Televisa, ni con sus membretes Causa Ciudadana o México Unido contra la Delincuencia) el mensaje de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad.

Con todo y el desmadre de la espontaneidad y de un liderazgo que no pretendió serlo, las palabras pronunciadas en el Zócalo capitalino y en otras plazas del país y del mundo, y la inmensa mayoría de las consignas escritas en mantas y pancartas, apuntaron a la responsabilidad del gobierno federal por el baño de sangre y por la violencia desbocada que padece la población.

Amplios sectores de la socie- dad han caído en la cuenta de un hecho que la izquierda sabía desde siempre: que el principal factor de violencia contra la gente ha provenido, históricamente, del poder público y de sus derivaciones caciquiles, charras y paramilitares.

No hubo forma de edulcorar los reclamos ni de diluir o desviar los señalamientos directos contra Felipe Calderón, Genaro García Luna y el resto, por la ofensiva criminal que sufren millones de mexicanos.

En la arena de disputa política que fueron las movilizaciones de ayer, quedó despejado, por lo pronto, el peligro de que la exasperación de la gente fuera transformado en respaldo a los intentos de "mano dura" y autoritarismo agravado, como ocurrió en las marchas previas "contra la inseguridad", convocadas por las mafias televisivas y los membretes oligárquicos.


Como parte de los intentos del régimen por minimizar los daños causados por las marchas y concentraciones, no faltaron las voces "ciudadanas" que achacaron a éstas el propósito de “pactar con los narcos”. Tal despropósito fue desmentido por la amplitud de las protestas, por la lucidez de sus reclamos y por los testimonios irreprochables de algunos –sólo unos cuantos– de quienes han perdido a seres queridos a manos de alguno de los bandos delictivos, entre los cuales las fuerzas públicas desbocadas y descontroladas no es el menos importante. Pero no estaría de más recordar que quien ha pactado desde siempre con las organizaciones del narcotráfico ha sido, precisamente, el responsable de combatirlas, es decir, el gobierno federal, el cual, en su tramo presente, parece aplicado a impulsar el control monopólico del mercado por uno de ellos en detrimento de los demás.

La hipocresía del calderonato está tocada. La exigencia formulada por Javier Sicilia de que se despida a García Luna pone a la administración ante una disyuntiva de difícil solución: o sacrifica al cerebro de toda su estrategia de ocultamientos y simulaciones sangrientas o enfrenta la pérdida de los últimos rescoldos de credibilidad y, con ella, los pocos márgenes que le quedan para no parecer una dictadura.

Falta camino por andar. Es preciso, por ejemplo, poner en el centro de la conciencia colectiva la relación causal que va del modelo económico impuesto hace tres décadas al actual clímax de crueldad y destrucción humana. Se requiere, además, construir vías y cursos específicos de acción para forzar a quienes detentan el poder público a cumplir con sus obligaciones constitucionales de proteger la vida humana y garantizar la seguridad pública.

Una propuesta específica es enjuiciar –en instancias internacionales, porque las nacionales están cerradas a piedra y lodo– a quienes han sido omisos en su deber de llevar a juicio a 90 por ciento de los presuntos delincuentes y han propiciado o permitido masacres.

Habrá que esperar a ver hasta dónde llega la capacidad del calderonato para simular que escucha a la población (se sospecha que no llegará muy lejos).

Y, en lo inmediato, hay que procesar y dar cauce al formidable debate político generado por la Marcha Nacional y las movilizaciones paralelas y por las propuestas de Sicilia, quien ha sido, por lo pronto, un valioso portavoz del dolor y del hartazgo colectivos.


navegaciones@yahoo.com
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Tomado de La Jornada (10/05/11)

Hacia una Nueva República.

Por John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país.  Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.

Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes.  Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema."; Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre. 

Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”.  Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano.  En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.

Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos.  Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones. 

Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad.  Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.

Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país.  Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.

Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad.  También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero. 


Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas.


www.johnackerman.blogspot.com
twitter.com/JohnMAckerman


Tomado de Proceso (09/05/11)

jueves, 5 de mayo de 2011

Taller Creativo de pancartas y consignas para la marcha del 8 de mayo

Invitamos a quienes desde hace meses, y desde diversas posturas ideológicas y políticas, se han venido expresando con las consignas No + Sangre y Basta de Sangre, a reunirse el domingo 8 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, en donde tendrá lugar un Taller Creativo de elaboración de  mantas, pancartas y consignas, así como otras actividades culturales, para posteriormente incorporarnos a la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia. 

NO MÁS SANGRE

*Traigan su material de trabajo.

Atentamente, 

Eduardo del Río (Rius), Rafael Barajas (El Fisgón), Antonio Helguera, Monero Hernández, Helioflores, La Dama, Patricio, Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Epigmenio Ibarra, Julio Hernández (Astillero), Jenaro Villamil, Jesusa Cervantes, John M. Ackerman, Irma Eréndira Sandoval,Jesusa Rodríguez, Nelly Muñohierro, René Sánchez Galindo, Netzaí Sandoval, Edgar Cortés, Rocío Culebro, Amilcar Sandoval, Irma Ballesteros, María Fernanda Campa Uranga.

miércoles, 4 de mayo de 2011

Convocatoria a la Marcha Nacional 8 de mayo.


A LA OPINIÓN PÚBLICA


Ante la emergencia nacional causada por la descontrolada violencia delictiva, las masivas violaciones a los derechos humanos, la corrupción generalizada y la incapacidad de las autoridades para restaurar la paz pública, presentamos las siguientes consideraciones:

Como ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, pero carecemos de atribuciones y de facultades para exigirle a la delincuencia que rinda cuentas.

El marco legal de México es claro, en cambio, en cuanto a la obligación de las autoridades políticas de rendir cuentas de sus acciones a la sociedad. Nos uniremos, por ello, a las movilizaciones nacionales y a la marcha convocada por la Red por la Paz y la Justicia y el poeta Javier Sicilia para el próximo domingo 8 de mayo.

La legislación establece también, en forma inequívoca, las obligaciones de los poderes ejecutivos federal y estatales, así como de los municipios, en materia de preservación y restauración de la paz y la seguridad públicas.

El Artículo 89 Constitucional, en su fracción VI, es meridianamente claro en cuanto a las facultades y responsabilidades del Ejecutivo Federal como garante de la seguridad, la paz y la vigencia del estado de derecho.

La situación catastrófica en que se encuentra México es consecuencia de una larga cadena de omisiones e irresponsabilidades de funcionarios de los tres niveles de gobierno que han faltado a sus obligaciones legales en materia de seguridad pública y mantenimiento de la legalidad y que se resume en una palabra: impunidad. Consideramos que, para enfrentar la barbarie que se cierne sobre el país, debemos empezar por exigir y promover procesos judiciales contra esos malos servidores públicos, en las instancias nacionales e internacionales correspondientes.

Con ese propósito, invitamos a quienes desde hace meses, y desde diversas posturas ideológicas y políticas, se han venido expresando con las consignas No Más Sangre y Basta de Sangre, a reunirse el domingo 8 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, en donde habrá producción colectiva de mantas, pancartas y consignas y otras actividades culturales, para posteriormente incorporarnos con plena solidaridad a la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia.


NO MÁS SANGRE

México, D.F., 4 de mayo de 2011


Elena Poniatowska, Eduardo del Río (Rius), Jesusa Rodríguez, Rafael Barajas (El Fisgón), Antonio Helguera, Hernández, Epigmenio Ibarra, John M. Ackerman, Pedro Miguel, María Fernanda Campa Uranga y Patricio

Cartones.

Moneros de La Jornada convocan a la Marcha Nacional.

 Estamos unidos mexicanos - Rius


 Marcha nacional - Fisgón


 8 de mayo - Hernández


Basta de sangre - Ahumada

*Cartones publicados en La Jornada. Mayo 4, 2011